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Empecemos por intentar responder a la pregunta principal e intentar aclarar las dudas que pueden plantearse al respecto: ¿Cuándo un extranjero se puede divorciar en España?

Bien es sabido, que cada vez existen más personas que residen en países de los que no ostentan la nacionalidad, en los cuales han ido generando vínculos laborales, económicos y familiares, entre otros.

Diversos son los ejemplos que podemos presentar para la situación que nos planteamos: nacional holandés que reside en España y está casado con una española, matrimonio hondureño que ha comprado una vivienda y tras su jubilación pasan gran tiempo en España. O incluso ecuatoriano casado con nacional argentina que reside en España. En definitiva, numerosas situaciones que se pueden dar y que están a la orden del día en esta nuestra sociedad cada día más internacional.

El problema viene dado, cuando ese matrimonio decide divorciarse. En este momento aparece la pregunta a la que pretendemos dar respuesta: ¿cuándo un extranjero se puede divorciar en España? Es más, ¿cuándo son competentes los Juzgados españoles para conocer del divorcio o la separación a un extranjero?

Pues bien, la respuesta no la vamos a encontrar en la legislación española que regula la competencia internacional sino que debemos remitirnos al Reglamento CE/2201/2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial, y de responsabilidad parental, también llamado Bruselas II bis.

Los tribunales españoles serán competentes para conocer del divorcio, la separación o nulidad a un extranjero, si nos encontramos ante alguno de los requisitos que se redactan el artículo 3.1 del Reglamento CE/2201/2003,  referenciado anteriormente, en el que se atribuye la competencia para resolver las cuestiones relativas al divorcio, la separación judicial o la nulidad del matrimonio de los cónyuges, y de forma alternativa, a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro:

1.- En cuyo territorio se encuentre la residencia habitual de los cónyuges o en cuyo territorio radique la última residencia habitual de los cónyuges, cuando uno de ellos todavía resida allí,

2.- En cuyo territorio se encuentre la residencia habitual del demandado, o en cuyo territorio esté, en caso de demanda conjunta, la residencia habitual de uno de los cónyuges, o

3.- En cuyo territorio radique la residencia habitual del demandante, si ha residido allí desde al menos un año inmediatamente antes de la presentación de la demanda, o

4.- En cuyo territorio se halle la residencia habitual del demandante, si ha residido allí al menos los seis meses inmediatamente anteriores a la presentación de la demanda y, o bien es nacional de dicho Estado, o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda, tiene allí su domicilio, o

5.- El Tribunal de la nacionalidad de ambos cónyuges o, en el caso del Reino Unido y de Irlanda el domicilio de ambos cónyuges.

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Además, hay que añadir que las competencias que se establecen son de carácter numerus clausus, sin posibilidad de interpretación de carácter extensivo, por tanto, y tal como recoge el mismo Reglamento, los residentes habituales o nacionales de un estado del Unión Europea sólo pueden ser demandados en un Estado de la UE conforme a estos criterios competenciales.

Pues bien, tras verificar que el demandado no es nacional comunitario y tampoco reside habitualmente en el territorio de la Unión Europea y comprobar que no existe ningún órgano jurisdiccional competente al amparo de los arts. 3, 4 y 5 del Reglamento, es cuando procede la aplicación de lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en concreto, los apartados 2 y 3 del art. 22, en los que se incorporan, respectivamente, diversos fueros generales y especiales.

“…en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges, nulidad matrimonial, separación y divorcio, cuando ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la demanda o el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España, así como cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que promuevan su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro…”

Igualmente la duda puede surgir en el sentido de que teniendo ya la sentencia de separación lo que se pretenda sea el divorcio, entonces ¿qué Juzgado sería competente para conocer la demanda de divorcio? En estos supuestos en los que se pretende la conversión de la separación en divorcio, regirían los mismos criterios competenciales indicados anteriormente, es decir, si existe alguno de ellos los Juzgados españoles serían competentes. De cualquier forma, el artículo 5 del citado Reglamento recoge que también puede ser competente el tribunal que conoció de la separación.

Por tanto, dando respuesta a nuestra pregunta inicial: Concluimos que, cumpliendo los requisitos establecidos tanto en el Reglamento como en la Ley mencionados en este artículo, NO HAY NINGUN INCONVENIENTE PARA QUE UN EXTRANJERO PUEDA DIVORCIARSE O SEPARARSE EN ESPAÑA.

-FFC ABOGADOS-

Departamento de Familia y Extranjería